Resumen
La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito judicial es un fenómeno relativamente reciente, especialmente destacado por los rápidos avances en tecnologías de aprendizaje automático y sistemas de decisión automatizados. Estos avances han comenzado a ser implementados en diversas áreas del derecho, desde la automatización de la gestión de casos hasta la toma de decisiones basada en algoritmos que predicen comportamientos futuros.
El uso de IA en la judicatura tiene un impacto potencial significativo, ya que puede transformar la práctica judicial, mejorando la eficiencia, pero también planteando desafíos relacionados con la equidad y la transparencia.
El avance de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial ha generado importantes debates y regulaciones a nivel global. En Europa, un informe del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos (diciembre 2023) analizó las ventajas, desafíos y marco jurídico del uso de tecnología en la justicia, proponiendo principios generales para su implementación. Posteriormente, la Unión Europea (marzo 2024) aprobó una legislación sobre IA que prioriza la seguridad, los derechos fundamentales y la sostenibilidad, prohíbe ciertas prácticas (como el reconocimiento de emociones) y exige transparencia y rendición de cuentas en sistemas de IA, especialmente en el ámbito judicial.
A nivel internacional, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución (marzo 2024) que promueve la cooperación para la gobernanza de la IA, la reducción de la brecha digital y la protección de derechos humanos mediante sistemas seguros y equitativos. En América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Cumbre Judicial Iberoamericana han discutido el impacto de la IA en los derechos humanos y actualizados códigos éticos para integrar nuevas tecnologías respetando derechos fundamentales.
Otros países también avanzan en regulaciones. Canadá ha emitido directrices sobre IA que exigen transparencia, consulta pública y respeto por los derechos fundamentales. En República Dominicana, se destaca la adaptación del Poder Judicial a las transformaciones tecnológicas para garantizar la equidad procesal. En Asia, China impulsa un ambicioso plan de desarrollo de IA con metas hasta 2030.
En la actualidad, este tema es de gran relevancia, ya que genera debates sobre los sesgos inherentes en los algoritmos y cómo estos pueden afectar la justicia, particularmente en la forma en que las decisiones judiciales son tomadas.
Un caso ilustrativo es Loomis v. Wisconsin (2016, EE. UU.) en Estados Unidos, donde el uso de un algoritmo para determinar el riesgo de reincidencia fue cuestionado por violar los derechos del acusado al no revelar cómo se generó dicha evaluación. La creciente incorporación de tecnología en los tribunales exige una regulación que garantice que la IA no perpetúe desigualdades ni comprometa principios constitucionales.
En México, como en el resto del mundo, la IA se está implementando cada vez más para optimizar la eficiencia de diversos sistemas de gestión relacionados con personas, sin embargo, existe el riesgo de que la IA perpetúe y amplifique sesgos existentes, especialmente contra grupos vulnerables, como las personas indígenas o migrantes. Por ejemplo, si no se manejan adecuadamente, los algoritmos de análisis predictivo podrían llevar a decisiones sesgadas que afecten negativamente a estas poblaciones en áreas críticas como la justicia penal o la distribución de servicios sociales.
En este contexto cobran gran importancia las regulaciones que aseguran la transparencia y la equidad en el uso de la IA para prevenir la discriminación y garantizar que estas tecnologías se utilicen para apoyar, y no obstaculizar la justicia y la igualdad. Además, la supervisión activa por parte de profesionales del derecho y otros actores del sistema de justicia es fundamental para evaluar y mitigar continuamente el impacto de la IA en la sociedad, asegurando que su aplicación respete los derechos fundamentales y promueva una inclusión genuina.